Presentación

La colaboración público-cooperativa en el desarrollo de servicios y actividades geográficamente localizadas se ha convertido en esencial para la consecución del desarrollo territorial.

Tradicionalmente la colaboración público-privado ha sido desarrollada a través de sociedades capitalistas en un intento por reducir el papel intervencionista de Estado, la reducción del gasto público y la generación de inversiones al dejar en manos privadas la puesta en marcha de infraestructuras o servicios de carácter público.

Las políticas públicas dirigidas al interés general deben ser promovidas desde las AAPP por si, o a través de entidades cuya naturaleza jurídica esté alineada con los objetivos de las Administración, a saber, entidades pertenecientes a la economía social o aquellas sociedades de tipo capitalista que incorporen en su objeto, fines sociales. Pero además, deben incentivarse y clarificarse el uso de cláusulas sociales en la contratación público como medio para el desarrollo y fomento de la colaboración público-privada.

La Economía social debe ser considerada como un instrumento impulsor del desarrollo territorial, y la iniciativa local debe configurarse como elemento necesario para afrontar los problemas del territorio. El principio democrático que preside las entidades de economía social, el arraigo territorial, la solidaridad interna y con el entorno, el retorno económico a los socios a partir de su participación en la actividad, son elementos que deben ser elementos que considerar en el fomento de la colaboración público-privada.